El caso del tráfico ilícito de armas y municiones que salpica a la Iglesia Episcopal de Haití ha dado un giro definitivo. La Corte de Apelaciones de Puerto Príncipe revocó una orden judicial previa de 2023 y determinó que existen pruebas contundentes para enviar a juicio penal a una red que involucra a religiosos, líderes aduaneros y altos exfuncionarios gubernamentales, sepultando las solicitudes de liberación que hacía la institución eclesiástica para sus miembros laicos y sacerdotes detenidos.
El tribunal dictaminó que los implicados comparecerán ante un tribunal penal sin jurado. Entre las modificaciones jurídicas clave, los jueces corrigieron los cargos iniciales y tipificaron la incautación de dinero como “introducción de monedas extranjeras falsificadas en Haití”, sumando además delitos de contrabando, asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y complicidad. La resolución también ratificó el congelamiento de millonarias cuentas bancarias que ascienden a más de 142 millones de gourdes y 2 millones de dólares pertenecientes a los principales investigados.
El alcance político y administrativo de este fallo es masivo. Figuras de la talla de Michel Patrick Boisvert, exministro de Finanzas, y Julcène Édouard, exdirector de Aduanas, tendrán que responder ante la justicia por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, luego de que la corte criticara la investigación inicial por omitir estas líneas financieras de indagación. Aunque el tribunal dictó sobreseimiento por el cargo de financiamiento del terrorismo para todos los implicados y exoneró por completo a siete personas por falta de pruebas, ordenó el arresto inmediato de todos los acusados que sigan en libertad para garantizar su comparecencia en el juicio.
