Tras una década de parálisis democrática, el gobierno haitiano ha lanzado una ofensiva definitiva para convocar a las urnas. Durante la apertura de un taller de capacitación para jueces y policías en el hotel Montana, el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé disipó cualquier duda: las elecciones se realizarán este año pase lo que pase. El mandatario reveló una fuerte movilización de recursos económicos y logísticos, destacando el desbloqueo de 3.000 millones de gourdes para los partidos políticos y una inversión estatal acumulada de 50 millones de dólares para asegurar que el proceso se desarrolle en las condiciones óptimas.
La urgencia del proceso fue respaldada con gravedad por Jacques Desrosiers, presidente del CEP, quien recordó que los jóvenes de 25 años jamás han ejercido el derecho al voto en su país debido a estos diez años de vacío electoral. Para blindar el proceso frente a la influencia del crimen organizado, el ministro de Justicia, Patrick Pelissier, anunció medidas drásticas: la creación de tribunales especiales encargados de juzgar los delitos de las bandas y una unidad financiera diseñada específicamente para impedir que el dinero procedente de los secuestros y la corrupción financie las campañas políticas.
