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Choque de trenes en Haití: El poder electoral acusa al primer ministro de imponer un decreto “a la fuerza”

La frágil estabilidad política de Haití vuelve a tambalearse debido a un durísimo enfrentamiento público entre el Consejo Electoral Provisorio (CEP) y el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. El CEP encendió las alarmas este martes 2 de junio de 2026 al emitir un comunicado en el que califica de «totalmente inconstitucional» el nuevo decreto electoral que el jefe de Gobierno intentó imponerles en una reunión a puerta cerrada. «El primer ministro nos impuso un documento sin ninguna posibilidad de debate», denunció bajo anonimato un alto consejero electoral al diario Le Nouvelliste, visiblemente frustrado por la actitud de la Primadura.

La jugada del Ejecutivo tomó por sorpresa al CEP, ya que el borrador presentado por el Gobierno es completamente ajeno al proyecto de ley electoral que los propios consejeros le habían entregado de manera oficial el 24 de abril pasado. Desde el punto de vista legal, el CEP defiende que la Constitución haitiana les otorga de manera exclusiva la tarea de redactar las reglas del juego electoral. Sin embargo, en un confuso intento por calmar las aguas, la oficina del primer ministro publicó un comunicado previo en el que aseguraba de manera alegre que existía una «convergencia de opiniones» entre ambas instituciones para acelerar el regreso a las urnas y detallaba planes para coordinar la seguridad del proceso con la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG).

Este divorcio público entre las dos instituciones clave aleja aún más la posibilidad de que Haití celebre elecciones, un evento que no ocurre en el país caribeño desde 2016. Según fuentes internas, el CEP enviará una enérgica carta de rechazo formal al Ejecutivo en las próximas horas. En los pasillos políticos de Puerto Príncipe se comenta que este intento de la Primadura por acelerar el proceso a su conveniencia llega justo después de la visita del subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, un encuentro tras el cual el Gobierno se jactó públicamente de tener el «apoyo total e indestructible» de la administración estadounidense.