La puesta en marcha de los nuevos tribunales especializados contra las pandillas y la corrupción en Haití ha comenzado con el pie izquierdo. Aunque el Gobierno celebró con bombos y platillos la inauguración de estas oficinas el pasado 27 de mayo, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) salió al paso para denunciar que la lista de jueces elegidos incluye perfiles con pasados muy oscuros, abogados que se hacen pasar por magistrados y un diseño legal que podría volver inoperantes a estos nuevos organismos.
Durante una entrevista en Panel Magik, Rosy Auguste Ducéna, portavoz del RNDDH, puso el grito en el cielo al revelar nombres propios. Mencionó al magistrado Jean Michel Raymond, recordado por el polémico escándalo de 2015 en el que los peligrosos delincuentes alias Sonson La Familia y Lionel Le Récif terminaron libres tras ser acusados de secuestro. Para colmo, Ducéna denunció que varios de los 10 jueces elegidos a dedo por el Ministerio de Justicia son en realidad abogados particulares que nunca han hecho carrera en la judicatura, y lamentó que se les presentara en público antes de pasar los exámenes obligatorios de certificación: «El mensaje que le dan a la población es que el proceso es una farsa y que ya todo está cocinado».
El escepticismo del RNDDH también apunta al jefe de la jurisdicción de Puerto Príncipe, el juez Bernard Saint-Vil, quien estará a cargo de coordinar estos nuevos bloques. Según la ONG, bajo el mando de Saint-Vil la impunidad ha sido la norma: de 68 masacres y abusos documentados desde 2018, la justicia no ha dictado una sola sentencia. Lo más grave, advierte la activista, es que un decreto firmado en diciembre de 2025 blindó a los altos funcionarios para que solo puedan ser juzgados por la Alta Corte de Justicia, provocando que los jueces de instrucción hayan tenido que archivar y sellar decenas de expedientes de corrupción de la ULCC donde había políticos involucrados. «Si los poderosos no pueden ser tocados, ¿para qué sirven estas cortes?», sentenció Ducéna.
