Lo que comenzó como un cruce de comunicados se ha convertido en una batalla campal en las altas esferas del Estado haitiano. Este miércoles 3 de junio de 2026, el Gobierno del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé intentó dar un golpe de autoridad al publicar un decreto que nombraba a Uder Antoine como director general del Consejo Electoral Provisorio (CEP). La jugada le salió el tiro por la culata: apenas unas horas después, ocho de los nueve miembros del CEP firmaron una resolución fulminante que no solo destituyó a Antoine de su cargo actual como director ejecutivo, sino que le prohibió la entrada a las oficinas y le exigió devolver hasta el último lapicero de la institución.
El caso de Uder Antoine es un giro dramático, ya que hasta hace dos días el funcionario mantenía una excelente relación con los consejeros y llevaba dos meses trabajando codo a codo con ellos en el presupuesto de las elecciones. Sin embargo, el CEP consideró una “traición a la confianza” que Antoine aceptara el cargo ofrecido por el Ejecutivo, un puesto que nace precisamente del polémico decreto electoral que el Gobierno aprobó a la fuerza el pasado 2 de junio y que el propio consejo ha denunciado públicamente como inconstitucional.
La tensión entre la Primadura y el poder electoral se ha vuelto insostenible. Mientras el Gobierno insiste en aplicar sus propias reglas del juego y afirma que todo marcha en orden, el CEP defiende con uñas y dientes su independencia constitucional, recordando que la ley les otorga a ellos la tarea exclusiva de redactar las normas electorales. Con este panorama de decretos cruzados, cartas de despido y oficinas cerradas con llave, el camino hacia las esperadas elecciones en Haití parece estar más bloqueado que nunca.
