Un severo llamado de atención recibió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por parte de la Corte Superior de Cuentas (CSCCA). La auditoría sobre el ejercicio fiscal 2024-2025 destapó violaciones a la ley financiera vigente, debido a que las autoridades omitieron presentar los balances y estados financieros consolidados de la nación. Además de los fallos administrativos, el informe encendió las alarmas macroeconómicas al confirmar que la inflación proyectada para el año se disparó, cerrando en un preocupante 31.9% frente al 19.1% previsto originalmente por el banco central.
En materia de ingresos, el comportamiento del aparato recaudador interno arrojó un balance mixto. Por un lado, las aduanas y la dirección de impuestos mostraron resiliencia con niveles de cumplimiento cercanos al 92% y 90% respectivamente, mientras que la factura petrolera superó sus metas con un 102.56%. Gracias a ello, los ingresos corrientes financiaron el 82% del presupuesto. No obstante, el flujo de caja total no alcanzó para cubrir las necesidades del Estado, lo que obligó al Gobierno a recurrir a deuda de corto plazo mediante la colocación de Bonos del Tesoro por más de 17,000 millones de gourdes para sostener las operaciones básicas del día a día.
La gran nota discordante del reporte de la Corte se ubicó en el destino de los fondos públicos. Si bien la inversión en obras y proyectos comunitarios subió al 40.52% de ejecución (unos 45,020 millones de gourdes) saliendo del pozo del 14.36% registrado el año previo, la asignación de subsidios estatales encendió sospechas de malversación o ineficiencia. Las transferencias de dinero se dispararon un 97% en un año, pero el MEF no entregó una sola cifra sobre el impacto social de dichos recursos. El organismo auditor tachó de “opaco” el manejo de estos programas, criticando la falta de listas de beneficiarios o reglas claras de distribución en un contexto de extrema vulnerabilidad social.
Para corregir el rumbo, la CSCCA recomendó desmantelar las trabas burocráticas y logísticas que congelan el gasto social, optimizar la captación de tributos y aplicar auditorías rigurosas a todos los subsidios otorgados. De igual forma, el órgano de control exigió al Gobierno estabilizar urgentemente los corredores de distribución comercial y las infraestructuras clave del país, argumentando que no habrá crecimiento duradero ni alivio a la pobreza si persisten la inseguridad y el descontrol en la gestión de las finanzas públicas.
