El Primer Ministro Alix Didier Fils-Aimé y sus aliados políticos han vuelto a colocar la reforma constitucional en el centro de la agenda de transición, pero bajo un manto de total hermetismo. Mediante el Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones, el Ejecutivo ya ha modificado el mandato del Consejo Electoral Provisional (CEP) y el proyecto de decreto electoral para incluir una consulta popular. Sin embargo, a mediados de mayo de 2026, existe un “apagón informativo” absoluto: ningún actor político ha precisado qué artículos de la Ley Madre serán modificados, bajo qué criterios, ni qué equipo técnico estará a cargo de redactar la propuesta.
El proyecto de decreto electoral detalla aspectos logísticos, como el diseño de la boleta de votación —que incluirá la pregunta en francés y criollo con casillas verde para el “Sí” y blanca para el “No”—, pero evade el fondo de la reforma. Curiosamente, en sus discursos públicos, Fils-Aimé evita pronunciar la palabra “referéndum” y se limita a prometer seguridad y elecciones. La historia reciente juega en contra de esta iniciativa; desde 2016, los gobernantes haitianos (Jovenel Moïse, Ariel Henry y el propio CPT) han intentado sin éxito reformar la Constitución. Con el tiempo en contra y la exigencia de un proceso previo de debate y socialización ciudadana que toma meses, la falta de transparencia actual amenaza con descarrilar la promesa del Gobierno de celebrar elecciones generales antes de que finalice el año.
