Cap-Haïtien sigue sufriendo el deterioro diario de sus calles destrozadas y la ausencia casi total de servicios públicos. Mientras los habitantes enfrentan esta realidad con creciente frustración, Emmanuel Vertilaire, exconsejero presidencial, ha decidido reaparecer en la escena pública. No lo hace para asumir responsabilidades, sino para lanzar duras exigencias al Estado.
En un comunicado fechado el 30 de abril de 2026, Vertilaire denuncia con tono severo la inacción gubernamental ante las legítimas demandas de la población. Reclama un mayor control de los fondos públicos, exige rendición de cuentas y señala directamente a varios ministerios. A simple vista, su postura podría interpretarse como la de un ciudadano responsable preocupado por el bienestar colectivo. Sin embargo, surge de inmediato una pregunta incómoda: ¿dónde estaba esa exigencia de transparencia cuando él formaba parte del poder?
El propio texto recuerda, aunque de forma indirecta, que durante su paso por el Consejo Presidencial de Transición (CPT) se destinaron recursos para rehabilitar varias vías principales de la ciudad. A pesar de ello, esas carreteras permanecen en condiciones deplorables, lo que ha provocado indignación y protestas constantes entre los residentes.
Esta contradicción resulta evidente: las promesas realizadas en el pasado contrastan fuertemente con la indignación actual. Más llamativo aún es que Vertilaire parezca haber descubierto las bondades de la accountability y la vigilancia ciudadana solo ahora que está fuera del gobierno, como si estas obligaciones solo aplicaran a sus sucesores.
Su reaparición no ocurre en el vacío. El exconsejero trabaja actualmente en la organización de un nuevo proyecto político, lo que otorga a sus declaraciones un claro carácter estratégico. En un país donde la clase política enfrenta un profundo descrédito, este tipo de comunicados parecen más un intento de reposicionamiento que un genuino acto de conciencia cívica.
Los habitantes de Cap-Haïtien, que conviven a diario con el fracaso de las infraestructuras prometidas, no se conforman con comunicados enérgicos. Exigen claridad sobre qué pasó con los fondos liberados y por qué las obras no se materializaron.
En Haití, donde la impunidad ha sido históricamente la regla, la credibilidad no se recupera con simples declaraciones de indignación. Se construye, primero y principalmente, con algo mucho más básico y escaso: rendir cuentas por la gestión propia. De lo contrario, cualquier llamado a la responsabilidad sonará hueco y cualquier ambición política parecerá precipitada.
